El recorte de regadíos supondrá la pérdida de 540 millones en infraestrcuturas.D. MARTÍN /ABC ALICANTE
El plan de cuenca del Júcar, que está pendiente de que el consejo del Agua se pronuncie sobre el «esquema de temas importantes» aprobado por la Confederación Hidrográfica, puede acarrear importantes pérdidas a la agricultura alicantina. No solo al patrimonio de los regantes afectados —cuya depreciación por la desaparición de regadíos se estima en mil millones de euros—, sino también a la propia actividad agrícola.Tal como ha venido publicando ABC, la CHJ pretende eliminar 18.000 hectáreas de regadío del interior de Alicante y convertirlas en secano —en virtud de los datos de riego de 2005, cuando dichas tierras quedaron en barbecho por la escasez de agua—. Una operación que permitiría al Ministerio de Medio Ambiente reducir sensiblemente el déficit hídrico reconocido a la provincia sin aportar un solo hectómetro, dado que se reducirían las demandas de agua.
Sin embargo, la consecuencia serían pérdidas millonarias para el sector. Según los regantes, el lucro cesante —el beneficio que dejaría de obtenerse al no poder cultivar las tierras afectadas— ascendería a 11.000 millones de euros. Unas pérdidas que corresponden tanto a la producción como al margen bruto de los agricultores durante los próximos 50 años.
Infradotación de recursos
El dato forma parte del argumentario que están ultimando los regantes del Vinalopó para presentarlo ante la CHJ, el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat. En el escrito, los agricultores piden que se paralice la tramitación del plan de cuenca hasta que se revise la cantidad de regadíos reconocidos a la provincia (que actualmente es de 48.000 hectáreas, cuando la CHJ pretende reducirlas a 30.000).
Al margen de las pérdidas patrimoniales de los regantes y al lucro cesante de la agricultura alicantina, el plan de cuenca puede acarrear otras pérdidas millonarias, según los afectados. Así, se calcula que las infraestructuras de riego que dejarían de utilizarse —muchas de ellas recién terminadas— supondrían la pérdida de otros 540 millones de euros. Todo ello sin contar que de las hectáreas que pretende eliminar el Ministerio dependen 35.000 empleos, 6.000 de ellos directos.
En el documento, que se presentará el próximo sábado en un acto público en Monforte del Cid (una de las localidades más afectadas por las previsiones de la CHJ) se denuncia también que el futuro plan de cuenca del Júcar no reconoce la infradotación de recursos actuales para la citada superficie de riego. Según los afectados, el organismo de cuenca concede a los regantes del Vinalopó menos agua que al resto de agricultores para regar la misma superficie.
Un trasvase sin usuarios
La infradotación de recursos fue uno de los motivos para planificar el trasvase Júcar-Vinalopó, cuyo nuevo trazado, con la toma en la desembocadura del río, rechazan los regantes alicantinos. Tal como ha venido publicando este periódico, al final del Júcar el caudal transporta una cantidad de bacterias (reflejada en los propios informes de la CHJ) tan elevada que impide destinarla no ya al abastecimiento, sino ni siquiera al regadío.
