La macrodesaladora de Torrevieja permanece parada después de invertir 300 millones; la desalación solo ha generado el 10% del caudal prometido
D. MARTÍNEZ / ABC ALICANTE
El Plan Agua, diseñado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004 para sustituir al derogado trasvase del Ebro, se ha convertido en la Comunidad —y más específicamente en la provincia de Alicante— en el paradigma de las inversiones improductivas. Casi ocho años después de ponerse en marcha, no solo no ha cumplido los plazos previstos para la ejecución de las obras, sino que las que se han ejecutado no han aportado apenas nuevos recursos hídricos.
La macrodesaladora de Torrevieja, que debía ser la mayor planta de Europa cuando entrase en funcionamiento, es el mejor ejemplo. La obra civil de la planta se terminó hace meses, después de invertir 300 millones de euros. Sin embargo, las canalizaciones que deben conectar la planta con el mar no han empezado aún a instalarse, ni hay fecha prevista para ello. El resultado: la planta aún no aporta ni un solo hectómetro cúbico de agua a los recursos de la provincia alicantina.
El segundo gran ejemplo lo constituye el Júcar-Vinalopó. El trasvase interno debía enviar otros 80 hectómetros cúbicos anuales de la provincia de Valencia a la de Alicante, para paliar la sobreexplotación de los acuíferos del interior. Ejecutado al 50% cuando el PSOE llegó al Gobierno, los cambios en el trazado, la mala calidad del agua en la toma y los conflictos con los regantes alicantinos han hecho inútil la obra, terminada también hace meses. Siete años y 303 millones de euros después, tampoco ha aportado un solo hectómetro cúbico al regadío.
El fiasco de la desalación
La planta de Torrevieja es el mejor ejemplo del fiasco de la desalación, pero no el único. Tras derogar el trasvase del Ebro, el Gobierno socialista diseñó su política hídrica en torno a la supuesta panacea de las desaladoras. Así, el Ministerio que entonces dirigía Cristina Narbona planificó hasta ocho plantas en el litoral valenciano: cuatro en Alicante, una en Valencia y dos en Castellón.
Para ello, habilitó un presupuesto total de 1.220 millones de euros —a los que cabría añadir los 303 del Júcar-Vinalopó, que ya estaba en ejecución, y que en principio iba a costar solo 202 millones—. El objetivo era aportar a las aguas superficiales de la Comunidad Valenciana 400 hectómetros cúbicos anuales. Ocho años después, el objetivo únicamente se ha cumplido al 10%.
La mayoría de desaladoras proyectadas en la provincia de Alicante, al margen de Torrevieja, están aún en fase de licitación o ejecutadas en un porcentaje muy bajo. Así sucede en el caso de las plantas de Guardamar —en proyecto—, Muchamiel-El Campello o Denia —que están en fase de ejecución—. La cuarta planta, la desaladora de Alicante II, entró en funcionamiento en 2008. Junto a la ampliación de Alicante I (que ya funcionaba cuando el PP dejó el Gobierno), aporta 42 hectómetros cúbicos al año. Es el único agua desalada que se ha sumado a los recursos de la Comunidad desde 2004.
En Valencia y Castellón se repite el escenario. El Gobierno planificó una desaladora en Sagunto, y otras dos en Oropesa y Moncofa. Aunque todas están en ejecución en distintos grados, ninguna de ellas aporta aún un solo hectómetro cúbico a las aguas de la región.
