Mientras regiones como Andalucía gozan de subvenciones millonarias del Ministerio de Educación, la Generalitat invierte cada año más de 100 millones de euros anuales en equipamientos sin percibir ayudas estatales
ALBERTO CAPARRÓS / VALENCIA
El inicio del curso escolar, los informes de la OCDE sobre la calidad de la enseñanza y los recortes anunciados por las Administraciones públicas han situado al sistema educativo público en el epicentro del debate político.
Uno de los grandes caballos de batalla del sector pasa por la construcción y adecuación de centros docentes. A pesar de que las comunidades autónomas asumen las competencias en la materia, el Gobierno central, a través del Ministerio de Educación, ha aplicado una doble vara de medir. La Generalitat ha puesto en marcha para el curso 2011/2012 un total de veintiséis nuevos centros, que han representado una inversión de 107 millones de euros. Con tal fin, no ha recibido ni una sola ayuda del Ejecutivo central.
En cambio, los fondos de compensación interterritorial para subvencionar con dinero estatal la construcción de equipamientos escolares ha deparado una lluvia de millones para autonomías gobernadas por el PSOE, como el caso de Andalucía, que goza de una ayuda de 45 millones de euros. Castilla-La Mancha —en manos de un Ejecutivo socialista cuando se aprobó el reparto de fondos— percibe 18,4 millones de euros. Canarias (13,9 millones) y Castilla y León, con un total de 6,6, también figuran entre las regiones beneficiadas.
El Consell, a la luz de estos datos, exige «ser tratado como las demás». Por ello, reclamará fondos adicionales para la construcción de centros públicos. De hecho, pese a no contar con ayudas estatales, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha comprometido a suprimir durante la actual la actual legislatura las aulas prefabricadas que, en un número de 9.000 «barracones», todavía forman parte de la estructura educativa de la Comunidad Valenciana.
Desde septiembre de 2003 hasta septiembre de 2011 la Conselleria de Educación ha puesto en funcionamiento 420 centros educativos, que han supuesto una inversión de más de 1.900 millones de euros en la construcción y equipamiento.
Alumnado inmigrante
Las tensiones presupuestarias en materia de educación han aumentado en los últimos cursos por el incremento de alumnos inmigrantes —50.000 en las dos últimas legislaturas—. Si todos ellos estuvieran juntos en los mismos centros, se deberían construir noventa colegios e institutos públicos, con un coste aproximado de 450 millones de euros, sufragado íntegramente con los impuestos de los valencianos. La cifra actual del alumnado inmigrante se eleva a 91.000 estudiantes. El gasto anual para atender este colectivo asciende a 500 millones de euros, de los cuales el Ministerio de Educación sólo aporta seis para programas de integración.
